Ya investigan las cuentas de tres funcionarios por la causa Skanska

Fuente Diario Clarin 5/5/07

El juez federal Guillermo Montenegro mandó a investigar los movimientos bancarios del secretario de Obras Públicas, José Francisco López; del de Energía, Daniel Omar Cameron, y del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Mario Madaro, en el marco de las coimas que la empresa Skanska habría pagado en la ampliación de un gasoducto. Montenegro le envió un oficio al Banco Central solicitando que le elaboren un informe sobre los saldos, cuentas y giros de dinero de estos funcionarios, precisaron fuentes judiciales. Esto se suma a un pedido similar —ya adelantado por Clarín— que el mismo juez hizo sobre Néstor Ulloa, titular de Fideicomisos Banco Nación. El jueves, la Cámara en lo Penal Económico decidió que sea Montenegro, y no Javier López Biscayart, del fuero Penal Tributario, el encargado de investigar si las "comisiones indebidas" que confesó haber pagado la multinacional sueca Skanska son sobornos que recalaron en el ministerio de Planificación. Precisamente, esta cartera fue la que impulsó las obras bajo sospecha: la ampliación del tramo de un gasoducto en Córdoba. Transportadora Gas del Norte (TGN), de Techint, gerenció el proyecto; la secretaría de Energía fue técnicamente la organizadora; Obras Públicas y el Enargas, los responsables del control; Fideicomisos Banco Nación, el administrador del fondo fiduciario. Montenegro le pidió al Central los datos sobre estos funcionarios —explicaron en Tribunales— porque son los que firmaron los contratos que dieron lugar a la ampliación del gasoducto. Lo mismo hizo sobre las cuentas que puedan tener los ex directivos de Skanska, Mario Piantoni y Gustavo Vago, y los gerentes a los que la empresa despidió tras acusarlos de cobrar coimas. Otras pruebas vienen de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En la causa —la número 18.579/06 del juzgado federal 7— también se encuentran las declaraciones juradas de estos funcionarios. La postura del Gobierno sobre el caso Skanska fue expresada últimamente en una solicitada del Enargas: este "fue un negocio entre privados", dicen. En cambio, el fiscal Carlos Stornelli sospecha que pudo existir un pago de coimas y que éstos —u otros— funcionarios oficiales tuvieron alguna clase de responsabilidad. Se cree que los sobornos fueron de unos 17 millones de pesos, cifra que se aproxima a los sobreprecios de un 152 por ciento de más que TGN denunció que se habrían pagado en estas obras. Ese dinero salió de Skanska a través de 118 facturas falsas de 23 empresas distintas