La candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se comprometió hoy a dar marcha atrás con la reforma del Consejo de la Magistratura hecha por el Gobierno nacional y a que los jueces dejen de estar exentos del pago a las ganancias.
Carrió hizo estos anuncios esta tarde en el Club del Progreso, durante la presentación del Programa de Justicia de la Coalición Cívica que realizó junto a los coordinadores de los equipos técnicos del área, el constitucionalista Daniel Sabsay y la diputada nacional del ARI, Marcela Rodríguez.
"Daremos marcha atrás con la reforma del Consejo de la Magistratura que llevó adelante el Gobierno nacional y que lo destruyó", aseguró Carrial tiempo que propuso "dejar la manipulación de los concursos y garantizar un sistema de méritos en la Justicia". También se comprometió a enfrentar los nichos de corrupción que todavía quedan en la Justicia argentina.
La líder de la Coalición Cívica destacó que fue elegida en primer lugar la Justicia para presentar como parte de la Propuesta de Gobierno de la Coalición ya que "creemos que la reconstrucción de la República no se puede realizar sin Justicia", y señaló que "si unpresidente no roba es esa la mayor garantía de un sistema de justicia republicano y transparente".
A su turno, Daniel Sabsay sostuvo que la esencia de la propuesta de la Coalición Cívica esta contendida en el Preámbulo de nuestra Constitución: y es afianzar la Justicia. "La propuesta se basa en un sistema de valores para garantizar la independencia de la Justicia que en los últimos tiempos ha perdido mucho vigor". Además propuso "unacceso amplio a la Justicia y un nuevo Código de Procedimiento constitucional penal". Durante su exposición Sabsay insistió en que "los jueces dejen de estar exentos del pago al impuesto a las ganancias".
La diputada Marcela Rodríguez, quien detalló el contenido de plan con una presentación en power-point, sostuvo la necesidad de reformar la Ley del Consejo de la Magistratura "porque la reforma que hizo el Gobierno del Consejo es comparable a la ampliación de la Corte Suprema que realizó Menem en su momento".
Síntesis de la Propuesta de Justicia de la Coalición Cívica
Justicia y transparencia en una República de Iguales Democratización del funcionamiento de los organismos vinculados al servicio de justicia
Reformar la Ley del Consejo de la Magistratura y restablecer una composición que respete la noción de equilibrio establecida en la Constitución Nacional, evitando el predominio del partido de gobierno, garantizando la independencia judicial y la representación de las minorías parlamentarias.
Implementar herramientas que obliguen a presentar una amplia publicidad de los actos del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento y prever mecanismos que faciliten el control ciudadano de sus actividades, con el objeto de vigilar la comisión de maniobras espurias.
Crear un registro de causas penales prescriptas, con especial atención al relevamiento de datos de la Justicia Federal, que permita conocer la cantidad de causas que son archivadas y las razones que motivan dichas resoluciones.
Reformular el sistema de designación de jueces/zas, para limitar la discrecionalidad de los poderes políticos en este proceso e incluir la participación y control de la ciudadanía desde su inicio.
Promover la igualdad de género en el acceso a los cargos de los tribunales.
Fijar un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe los acuerdos de los/as candidatos/as a jueces/as, defensores/as y fiscales al Senado para su designación.
Proponer un régimen de declaraciones juradas de fácil acceso al público, para garantizar la transparencia de la evolución patrimonial de los/as jueces/zas y funcionarios/as del servicio de justicia.
Reformular la composición del Jurado de Enjuiciamiento, de modo que sea conformado por sorteo cuando le sean remitidas las acusaciones.
Modificar el sistema de designación del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación, y de los/as demás funcionarios/as de dichos cuerpos, a fin de dotarlo de mayor transparencia, priorizando el mérito e idoneidad y la ampliación de la participación ciudadana.
Reformular la normativa del Ministerio Público Fiscal para dotarlo de mayor eficiencia en su tarea de investigar los delitos y combatir la impunidad estructural, en especial la de los sectores más poderosos y vinculados a la corrupción.
Modificar la normativa de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de mejorar y potenciar su trabajo y asumir mayor protagonismo en el control de la administración pública y en la defensa de los derechos humanos.
Poder Judicial independiente y eficiente
Modificar el mecanismo de designación de los Ministros de la Corte Suprema para permitir que la ciudadanía proponga candidatos/as al Poder Ejecutivo; mejorar el sistema de publicación de antecedentes en las provincias y organizaciones sociales; y establecer la obligación de fundar las decisiones contrarias a las objeciones de los/as ciudadanos/as.
Ampliar el mecanismo de participación ciudadana ante el Senado de la Nación, en el tratamiento de los acuerdos a los/as candidatos/as enviados por el Poder Ejecutivo.
Restringir la competencia ordinaria de la Corte Suprema y delimitar el alcance de la competencia extraordinaria, a fin de que se ocupe de los casos relevantes para la democracia y los derechos humanos.
Derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 557/05, para que la Corte Suprema se avoque enteramente a su función jurisdiccional y devolver al Consejo de la Magistratura las atribuciones de administración que por mandato constitucional le corresponden.
Implementar normas y mecanismos que aseguren el conocimiento de la ciudadanía de la agenda de trabajo de la Corte y su participación en casos de interés público.
Reorganizar la Justicia Federal.
Traspasar la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectivizar el pago del impuesto a las ganancias de todos los magistrados y la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes.
Sancionar Códigos de Ética en el ejercicio de la función judicial.
Redistribuir la competencia y crear nuevos fueros en distintas materias.
Implementar un sistema de ingreso y ascenso al Poder Judicial abierto mediante concurso, para garantizar su transparencia e idoneidad.
Justicia accesible a toda la ciudadanía
Implementar un sistema que asegure el derecho de todas las personas a contar con un/a abogado/a en forma gratuita, con consultorios gratuitos en los barrios y pueblos, convenios con los colegios de abogados, grandes estudios y facultades de derecho, entre otros.
Crear instancias que otorguen la posibilidad de acceder a la Justicia a las personas con menos recursos, como la creación de tribunales vecinales de menor cuantía o multipuertas, casas de justicia, etcétera.
Implementar la Justicia Rural.
Introducir modificaciones legislativas para que no se impongan a las personas de menores recursos, los costos económicos de los juicios (honorarios de abogados, tasas, costas) y asegurar su derecho de acceso a la Justicia.
Garantizar a las víctimas de los delitos la posibilidad real de participar en los procesos penales a través de la creación de una Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Poner en marcha programas destinados a la ciudadanía para que conozcan sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.
Sancionar un Código Procesal Constitucional.
Reformar integralmente el Código Procesal Penal de la Nación, con el propósito de remover las bases obsoletas e ineficientes de la Justicia Federal penal.
Estrategias de prevención
Fortalecer los organismos de control existentes a nivel nacional, provincial y municipal y crear otros nuevos, especialmente agencias especializadas en materia de Ética Pública o fortalecer las ya existentes.
Rediseñar y profesionalizar la AGN y la SIGEN. Para ello se propone, entre otras medidas:
Reformar el método de designación del Síndico General de la Nación y síndicos adjuntos mediante un proceso público, basado en el mérito.
Reformar el método de designación de los integrantes de la AGN, a fin de ampliar la representación de las minorías y garantizar que el control del organismo no sea cautivo del partido mayoritario.
Fijar normas de conflictos de intereses o incompatibilidades, a las que estarán sujetas sus autoridades.
Ampliar el tipo de control que realizan, agregándose al control posterior, el control previo y concomitante.
Dar una mayor publicidad de sus auditorias, planes de auditoría anuales e informes anuales de su gestión.
Crear comités de control para monitorear el cumplimiento de las observaciones o recomendaciones que realizan.
Reconocer la posibilidad de que la AGN pueda intervenir en procesos penales como querellante.
Crear mecanismos que permitan la participación ciudadana en las tareas de control o en el seguimiento de la implementación de recomendaciones.
Fortalecer la Comisión del Congreso Nacional que tiene a su cargo la evaluación de los dictámenes de la AGN, para que ejerza un control real sobre la administración pública.
Promover la reforma y fortalecimiento de otros organismos de control (como los entes reguladores y la Unidad de Información Financiera), con designaciones por mérito de sus integrantes y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de audiencias públicas de carácter vinculante.
Revisar y modificar la legislación comercial para evitar su utilización en la comisión de hechos de corrupción.
Normativa sobre ética pública integral y eficiente
Elaborar normas sobre conflictos de intereses que tengan por objetivo general prevenir la captura del Estado por parte del sector privado o de sectores corporativos.
Fijar un régimen amplio de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales que permita controlar la situación patrimonial del/a funcionario/a, sus antecedentes laborales, y la de sus familiares directos.
Sancionar una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado que se ajuste a las pautas fijadas internacionalmente para combatir la corrupción.
Aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, que permita a cualquier persona solicitar información en poder de organismos públicos o de empresas de servicios públicos, en forma gratuita y de fácil acceso.
Contar con leyes y reglamentos que permitan controlar las reuniones y contactos de los/as funcionarios/as con grupos de interés.
Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad civil y del sector privado a través de audiencias públicas, elaboración participada de normas, consulta popular, presupuesto participativo, carta compromiso con los/as ciudadanos/as, monitoreos institucionales, banco de datos de funcionarios/as públicos y candidato/as, y directores de sociedades comerciales con participación estatal, entre otras acciones.
Investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción
Crear fiscalías Anticorrupción dentro de los ministerios públicos de las distintas jurisdicciones del país, con amplias competencias para investigar, recibir y presentar denuncias.
Ampliar las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, e incrementar su presupuesto y su personal para que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones.
Promover acciones civiles de daños y perjuicios y de recupero de los activos que se generaron fruto de la corrupción.
Fijar un régimen de protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas de actos de corrupción, para que ninguna persona sea sancionada o perjudicada por denunciar actos de corrupción, o ser testigo, perito o víctima de tales actos.
Promover la cooperación internacional para prevenir, investigar y combatir los actos de corrupción y otras formas de crimen transnacional como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y las distintas variantes del crimen organizado.
Reformar sustancialmente la Ley de Inteligencia para fijar mayores exigencias para la documentación de sus gastos, para facilitar el control judicial de estos casos y para que el Congreso Nacional efectúe un control real sobre las actividades desarrolladas y gastos efectuados al amparo de esta ley.
Establecer expresamente que la asignación de fondos de carácter reservado y/o secreto se podrá realizar únicamente a los organismos que tengan servicios atinentes con la seguridad del Estado.
Establecer tipos delictivos para la lucha contra la corrupción y revisar las penas de los delitos contra la administración pública.
