Fuente Diario La Nacion 17/4/07
La denuncia que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, radicó en el Consejo de la Magistratura contra uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas del caso Skanska siguió cosechando rechazos. La líder de ARI, Elisa Carrió, y la de Unión Por Todos, Patricia Bullrich, anunciaron que hoy pedirán el juicio político y la destitución del ministro. Fernández denunció al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart a raíz de un enfrentamiento que mantuvo con el magistrado por el alojamiento de un preso del caso que dijo estar amenazado de muerte en el penal de Marcos Paz. Está claro que la apuesta de Carrió y de Bullrich de pedir el juicio político a Fernández tiene corto plazo porque el kirchnerismo tiene mayoría en el Congreso e impedirá que el tema se trate siquiera en comisión. Junto con el juez federal Guillermo Montenegro, López Biscayart investiga las presuntas coimas por 13,4 millones de pesos que habría pagado la constructora Skanska en 2005 para intervenir en las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur. En estos días, López Biscayart investiga la ruta del dinero de las presuntas coimas. Carrió dijo a LA NACION que le envió una carta al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, "para que el tribunal defienda la independencia del Poder Judicial. Ni siquiera en los años de (Carlos) Menem vi un apriete tan demencial a un juez. Tan burdo es que lo interpreto como un mensaje a los demás jueces que puedan llevar casos de corrupción". Al investigar un caso de evasión, en el que procesó con prisión a Adrián López como jefe de una supuesta asociación ilícita, López Biscayart descubrió las presuntas coimas de la empresa Skanska. La semana pasada, López declaró ante el juez que fue amenazado en el penal, y López Biscayart lo alojó en dependencias de la Policía Federal, pero Fernández se opuso con el argumento de que dos decretos lo prohíben. El juez declaró inconstitucionales los dos decretos y alojó a López en la cárcel contravencional del gobierno de la ciudad. Anteayer, el ministro denunció al juez por "avasallamiento" en el Consejo de la Magistratura. "No es nuestra responsabilidad cuidar presos. Le escribí (a López Biscayart) y le dije: «Lo que usted está haciendo está en flagrante violación de todo el Derecho». Lo que hice -afirmó el ministro- fue expresarle esto al Consejo de la Magistratura. No estoy dispuesto a que se avasallen las responsabilidades del ministro del Interior." Posibilidades Si la denuncia prospera en ese cuerpo, cuya composición fue modificada por el Gobierno, la investigación al juez puede limitarse al aspecto disciplinario -con una sanción si se lo encuentra en falta-, o bien puede investigarse si cabe su remoción mediante un juicio político. Consultado por LA NACION, el juez respondió que no haría declaraciones. En su carta a Lorenzetti, Carrió exhortó al máximo tribunal a que intervenga en forma "directa y a tiempo" y "asuma una expresa y terminante defensa de la independencia del Poder Judicial", porque "este accionar demuestra que el Poder Ejecutivo está dispuesto a pulverizarla". Carrió manifestó a LA NACION que "después del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, el de Skanska es el hecho más escandaloso. Estamos perdidos si la sociedad civil permanece indiferente ante el avasallamiento del juez". Bullrich también fue tajante. "El juez teme que maten al arrepentido y el ministro del Interior, por el contrario, se niega a preservar su vida. Es la primera causa de corrupción de este gobierno que sale a la luz -agregó- y, a través del apriete del ministro, el Gobierno le dice al juez que si investiga tiene mayoría en el Consejo para destituirlo." Desde Pro, el diputado Esteban Bullrich calificó de "increíble" el hecho de que "un ministro amenace a un juez por cuidar la seguridad de un imputado. Fernández debería renunciar". La suerte que pueda correr en el Consejo de la Magistratura no es la única incógnita que acompaña a López Biscayart. En lo que resta de la semana, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolvería el conflicto de competencia que existe entre él y Montenegro por el tema de las presuntas coimas. A su vez, la Sala IV de la Cámara de Casación, la más cuestionada por el Gobierno, debe resolver tres planteos del defensor oficial del detenido López: su excarcelación, la apelación de su procesamiento como jefe de una asociación ilícita y el pedido de anular su indagatoria de marzo del año pasado. En aquella indagatoria ante el juez López Biscayart, que se prolongó cuatro días, López mencionó las presuntas coimas pagadas por Skanska a funcionarios del Gobierno. Su defensor planteó que no se respetó el derecho de defensa de López.
Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
No hay comentarios.:
Publicar un comentario