Fuente Diario La Nacion 18/4/07
En la Argentina, la independencia de los jueces sigue la ley del garrote: obedecen o son destituidos. El presidente Néstor Kirchner, cuando denunció a varios jueces de la Cámara de Casación, invocó los derechos humanos como excusa. Incluso, uno de los acusados, Alfredo Bisordi, dice que a él lo persiguen porque, en los ochenta le tocó investigar a los Montoneros. Pero, en realidad, apuntó fundamentalmente contra los magistrados que deben intervenir en el caso Skanska, un hecho de corrupción que podría salpicar al Gobierno. Días atrás, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando anunció que denunciaría ante el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, otro magistrado que interviene en el caso Skanska, vino a confirmar esas sospechas. Cualquier excusa para disimular esa verdad resulta pueril.
* * * En la Justicia advierten que la presión presidencial se vuelve asfixiante. Los miembros más independientes del Consejo hablan de un "comisariado político". La independencia judicial fue el eje de una reunión que realizó, en Buenos Aires, la Federación Latinoamericana de la Magistratura. Y la Corte observa el problema con inquietud. Anteayer, en un seminario organizado por la Universidad Católica Argentina, varios constitucionalistas hicieron apreciaciones acertadas. Dijo Gregorio Badeni que el Consejo "politizó la Justicia" y Daniel Sabsay afirmó que ésta "se partidizó". El camarista Luis García afirmó que "los jueces subrogantes no tienen garantías constitucionales". Tales jueces son funcionarios o abogados que el Consejo eleva al rango de jueces sin seguir los procedimientos constitucionales, de modo que dependen enteramente de aquél para continuar en esas funciones. Y Alberto Bianchi señaló que el Jurado de Enjuiciamiento destituye jueces porque discrepa con el contenido de sus sentencias. Pero quien hizo el análisis más completo de la actualidad fue María Angélica Gelli: afirmó que el Gobierno, con la sanción de tres leyes -la reforma del Consejo de la Magistratura; la ley de administración financiera, que dio superpoderes al jefe de Gabinete para alterar el presupuesto nacional, y la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia- "instrumentó otro sistema institucional". Kirchner fue por todo y lo consiguió: creó un Consejo a su medida; llenó la Justicia de jueces manejables, y concentró el poder legislativo y presupuestario. Entre este sistema institucional y la Constitución nacional abrió un abismo.
En la Argentina, la independencia de los jueces sigue la ley del garrote: obedecen o son destituidos. El presidente Néstor Kirchner, cuando denunció a varios jueces de la Cámara de Casación, invocó los derechos humanos como excusa. Incluso, uno de los acusados, Alfredo Bisordi, dice que a él lo persiguen porque, en los ochenta le tocó investigar a los Montoneros. Pero, en realidad, apuntó fundamentalmente contra los magistrados que deben intervenir en el caso Skanska, un hecho de corrupción que podría salpicar al Gobierno. Días atrás, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando anunció que denunciaría ante el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, otro magistrado que interviene en el caso Skanska, vino a confirmar esas sospechas. Cualquier excusa para disimular esa verdad resulta pueril.
* * * En la Justicia advierten que la presión presidencial se vuelve asfixiante. Los miembros más independientes del Consejo hablan de un "comisariado político". La independencia judicial fue el eje de una reunión que realizó, en Buenos Aires, la Federación Latinoamericana de la Magistratura. Y la Corte observa el problema con inquietud. Anteayer, en un seminario organizado por la Universidad Católica Argentina, varios constitucionalistas hicieron apreciaciones acertadas. Dijo Gregorio Badeni que el Consejo "politizó la Justicia" y Daniel Sabsay afirmó que ésta "se partidizó". El camarista Luis García afirmó que "los jueces subrogantes no tienen garantías constitucionales". Tales jueces son funcionarios o abogados que el Consejo eleva al rango de jueces sin seguir los procedimientos constitucionales, de modo que dependen enteramente de aquél para continuar en esas funciones. Y Alberto Bianchi señaló que el Jurado de Enjuiciamiento destituye jueces porque discrepa con el contenido de sus sentencias. Pero quien hizo el análisis más completo de la actualidad fue María Angélica Gelli: afirmó que el Gobierno, con la sanción de tres leyes -la reforma del Consejo de la Magistratura; la ley de administración financiera, que dio superpoderes al jefe de Gabinete para alterar el presupuesto nacional, y la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia- "instrumentó otro sistema institucional". Kirchner fue por todo y lo consiguió: creó un Consejo a su medida; llenó la Justicia de jueces manejables, y concentró el poder legislativo y presupuestario. Entre este sistema institucional y la Constitución nacional abrió un abismo.
Por Adrián Ventura
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