Por Guillermo Nicolás BonaparteCandidato a Gobernador del Chubut por el ARI.
Hoy asistimos al burdo intento de querer legalizar la impunidad.
Hasta ahora, el poder político y el poder económico, juntos o separados, se conformaban con estirar los juicios, dilatar las sentencias y conseguir con el tiempo la falta de merito o la prescripción de las causas.
Ahora, además de lo que se robaron u obtuvieron ilícitamente, quieren tener un buen nombre y honor, por el que no vacilan en utilizar a la misma justicia que los dejó libres de forma más que irregular.
Nada podríamos decir si el primer juez que tomó la causa del asesinato hubiera dictado sentencia, si el fiscal que llevó adelante la investigación, fuera el fiscal que los librara de culpa y cargo, ó, si la Cámara que ratificara el fallo, no hubiera tenido ninguna relación con los acusados y/o el poder político de turno, y no se hubiera producido la renuncia de uno de los camaristas por participar en el fallo.
Nadie puede lavar su buen nombre y honor si la justicia no pudo actuar con libertad e idoneidad.
Cuando la justicia no funciona debe ser la sociedad en su conjunto la que padezca ese castigo.
Porque quienes fueron acusados pierden, con la sospecha de parcialidad, el derecho de demostrar su inocencia, y los que fueron acusadores, pierden el reclamo de justicia. Todas las partes pierden.
La sociedad entera siempre pierde cuando la justicia no funciona.
Por eso pretender que, de las acciones irregulares de un proceso que les posibilitó un beneficio, se llegue a la condena del acusador, es estirar la ley hasta un verdadero abuso de poder.
Es plasmar en la jurisprudencia la aberración moral y jurídica.
Después de haberse salvado oprobiosamente de ir a prisión, estos seudo empresarios, pretenden lavar su imagen y, para ello, solo esperan que Lilita Carrió se retracte, es decir, que mienta, que no diga su verdad.
Yo entiendo que para estos contrabandistas (como lo son Héctor Antonio y Álvarez Castellano), mentir no cuesta nada, si eso les puede servir para zafar de la prisión.
Lo que ellos no pueden entender es que hay gente que no miente y que no duda en ir a prisión si sus principios están en juego.
Porque al igual que la mentira es la forma de vida de estos delincuentes, la verdad es también la forma de vida de mucha gente, que es mucha más de la que normalmente reportean los medios de comunicación.
Imponer una condena a quien habla con legitimidad es un viejo esquema de los gobiernos más corruptos de la tierra y de la historia.
Ellos se escudan en la justicia porque no pueden enfrentar a la sociedad mirándola de frente. Su pretendida honestidad es de papel oficio.
Si la justicia condenara a Lilita Carrió, estaría legalizando esta impunidad.
Estaría cumpliendo con la primera acción de las dictaduras: Encarcelar a los opositores más intransigentes, imponiendo en la población el miedo a hablar.
Volveríamos al viejo "orden" jurídico, que es muy bien conocido por los argentinos.
El de la impunidad disfrazada de ley.
El de una justicia tramposa para el pueblo, y de total servilismo, para los socios del poder.
Hasta ahora, el poder político y el poder económico, juntos o separados, se conformaban con estirar los juicios, dilatar las sentencias y conseguir con el tiempo la falta de merito o la prescripción de las causas.
Ahora, además de lo que se robaron u obtuvieron ilícitamente, quieren tener un buen nombre y honor, por el que no vacilan en utilizar a la misma justicia que los dejó libres de forma más que irregular.
Nada podríamos decir si el primer juez que tomó la causa del asesinato hubiera dictado sentencia, si el fiscal que llevó adelante la investigación, fuera el fiscal que los librara de culpa y cargo, ó, si la Cámara que ratificara el fallo, no hubiera tenido ninguna relación con los acusados y/o el poder político de turno, y no se hubiera producido la renuncia de uno de los camaristas por participar en el fallo.
Nadie puede lavar su buen nombre y honor si la justicia no pudo actuar con libertad e idoneidad.
Cuando la justicia no funciona debe ser la sociedad en su conjunto la que padezca ese castigo.
Porque quienes fueron acusados pierden, con la sospecha de parcialidad, el derecho de demostrar su inocencia, y los que fueron acusadores, pierden el reclamo de justicia. Todas las partes pierden.
La sociedad entera siempre pierde cuando la justicia no funciona.
Por eso pretender que, de las acciones irregulares de un proceso que les posibilitó un beneficio, se llegue a la condena del acusador, es estirar la ley hasta un verdadero abuso de poder.
Es plasmar en la jurisprudencia la aberración moral y jurídica.
Después de haberse salvado oprobiosamente de ir a prisión, estos seudo empresarios, pretenden lavar su imagen y, para ello, solo esperan que Lilita Carrió se retracte, es decir, que mienta, que no diga su verdad.
Yo entiendo que para estos contrabandistas (como lo son Héctor Antonio y Álvarez Castellano), mentir no cuesta nada, si eso les puede servir para zafar de la prisión.
Lo que ellos no pueden entender es que hay gente que no miente y que no duda en ir a prisión si sus principios están en juego.
Porque al igual que la mentira es la forma de vida de estos delincuentes, la verdad es también la forma de vida de mucha gente, que es mucha más de la que normalmente reportean los medios de comunicación.
Imponer una condena a quien habla con legitimidad es un viejo esquema de los gobiernos más corruptos de la tierra y de la historia.
Ellos se escudan en la justicia porque no pueden enfrentar a la sociedad mirándola de frente. Su pretendida honestidad es de papel oficio.
Si la justicia condenara a Lilita Carrió, estaría legalizando esta impunidad.
Estaría cumpliendo con la primera acción de las dictaduras: Encarcelar a los opositores más intransigentes, imponiendo en la población el miedo a hablar.
Volveríamos al viejo "orden" jurídico, que es muy bien conocido por los argentinos.
El de la impunidad disfrazada de ley.
El de una justicia tramposa para el pueblo, y de total servilismo, para los socios del poder.
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